I.E.S.S. y S.R.I., ¿incumplen Ley de Comercio Electrónico de Ecuador?

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hace 5 años

(por la abogada María Gabriela Campoverde)

El derecho a recibir la información en papel o por medios no electrónicos no es reconocido por el SRI e IESS

¿Usted ha otorgado el consentimiento en el uso exclusivo de Medios Electrónicos en servicios prestados por el IESS y el SRI? En algunos de los servicios no. ¿Es esto legal?

En en el IESS, si el usuario demanda información por escrito como por ejemplo, acceder a su historia laboral como Afiliado, o acceder como Pensionista o Empleador para consultar e imprimir planillas, entre otros, debe hacerlo obligatoriamente por medios electrónicos. Así mismo, en el SRI ningún usuario con RUC aunque no esté obligado a llevar contabilidad puede presentar sus declaraciones en otra manera que no sea vía electrónica.

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su art. 49 y 50 establecen:

Art. 49: “Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si:

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; y,

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción;

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.” (Las negrillas y subrayado son nuestros)

El Art. 50 de la misma norma establece: “Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento..”.

Cómo podemos ver, el usuario jamás presta su consentimiento expreso de utilizar medios electrónicos en el SRI y el IESS para ciertos servicios, esta disposición es impuesta de manera categórica, en base a resoluciones e instructivos que se encuentran jerárquicamente por debajo de la Ley de Comercio Electrónico. El usuario tampoco puede objetar la decisión de la autoridad, ni puede ejercer su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos, ni solicitar una copia impresa de los registros electrónicos de manera personal. Estas instituciones deben cumplir los condicionamientos literales y expresos en la norma jurídica. No hay espacio para interpretar estos requerimientos como opcionales.

 En el caso del IESS, son 2’480.875 afiliados hasta mayo del 2013, según el Informe de la misma Institución y no todos tienen las mismas oportunidades que los ciudadanos que sí tienen acceso a medios electrónicos o que conocen cómo utilizarlos. En el caso del SRI, la recaudación efectiva (sin considerar devoluciones de impuestos) en el año 2012 fue de todos los contribuyentes de US$11.266,4 millones de dólares, en la que no hemos podido conocer el número exacto de declarantes, pero podemos deducir que es un gran número el que estuvo privado de sus derechos como usuarios.

En el Ecuador, de acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más de 3 millones de personas no tienen acceso a internet y más de 9 millones de persona no utilizaron internet a nivel nacional en el año 2011. Es cuestionable entonces el cumplimiento del art. 33 de la Constitución en concordancia con el art. 1 de la Ley de Seguridad Social, que consagran los principios de Obligatoriedad y Universalidad de los derechos a la Seguridad Social, si existen ciudadanos que no pueden acceder a internet o no conocen como utilizarlos, lo que indudablemente afecta a su derecho a recibir la protección del Seguro General Obligatorio. Podemos concluir que no existe en este momento en el Ecuador un acceso equitativo a la tecnología.

No obstante, es indudable que las nuevas tecnologías de comunicación, el uso de internet, son una gran influencia para el desarrollo de un país. El Estado Ecuatoriano se encuentra enfrentando un desafío de lograr el acceso de medios electrónicos a todos los rincones de su territorio, y además capacitar a todos ciudadanos para que sean capaces de utilizarlos, en un contexto de un país en vías de desarrollo. En el Ecuador, existen políticas públicas, planes de gobierno y proyectos para disminuir la brecha tecnológica existente y aumentar tanto el acceso como el uso del internet en el Gobierno de Rafael Correa hasta el 2017.

Podemos decir que las políticas estatales relacionadas con las nuevas tecnologías de la información en el IESS y SRI deben continuar promoviendo las acciones para impulsar el acceso y capacitación del uso de medios electrónicos, pero desarrollarse paralelamente en varios escenarios de la población, cumpliendo con la normativa vigente. Tal vez posteriormente, la Ley que regula el uso de medios electrónicos deba ser reformada, pero en este momento en el año 2013, los servicios exclusivamente a realizarse por internet sin opción a solicitarse o ser proporcionados personalmente, puede que no se encuentre contribuyendo al desarrollo, y más bien se encuentren profundizando las diferencias sociales e inequidades económicas existentes en nuestra sociedad. La proporción de servicios sociales por medios electrónicos debería de ser paulatina, por etapas, disminuyendo cada vez más la brecha digital existente. Las normas deberán ser adecuadas así mismo a la realidad, no olvidando nunca que el ciudadano es el centro de la transición tecnológica.

Investigación desarrollada por la abogada María Gabriela Campoverde.

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